Jhonny Montero: “Mientras unos abren surcos de vida, otros buscan contaminarla”

La Pastoral Social Cáritas, desde su fe comprometida en el cuidado de las poblaciones más vulnerables, pide a las autoridades correspondientes, que quieren “hacer una gestión teniendo presente los principios de la Iglesia”, anteponer la vida, la dignidad, la salud y bienestar de las personas, comunidades y pueblos indígenas de nuestra Nación…

Por encima del sufrimiento social de los ciudadanos bolivianos en este tiempo de pandemia, prima una vez más el interés económico y la rentabilidad del agronegocio. Se anteponen los negociados de unos cuantos políticos, agroempresarios y empresas multinacionales que controlan el comercio de agroquímicos y la biotecnología, buscando juntos impulsar un modelo de agroproducción basado en el arrasamiento de ecosistemas como nuestra Amazonía, la introducción de transgénicos y el uso de agrotóxicos para los cultivos de soya, maíz, algodón, trigo y azúcar en Bolivia.

¿Cómo se explica que el pueblo boliviano esté luchando por preservar la vida de todos, en medio de esta crisis sanitaria, mientras que sus autoridades de turno atentan contra la salud, la alimentación sana y la vida de este mismo pueblo, al dar curso, a través de decretos, a la ampliación de las fronteras agrícolas, al chaqueo, al desmonte y a la inclusión de semillas transgénicas en territorio nacional?

La implementación vertical de estas políticas de producción, transgreden principios básicos comunitarios y legalmente constituidos, como el imperativo de informar, consultar y el derecho de la ciudadanía a participar en debates socio-económicos, científicos, legales y éticos respecto a este tema; en cuanto que los efectos recaerán sobre ella y el medio ambiente. Y, por lo tanto, se deberían tomar juntos decisiones que velen el bien común presente y futuro (cf. “Laudato si” 135). Transgreden también a la seguridad y soberanía alimentaria de nuestra Nación. Van en contraposición a la preservación de nuestros bosques que están siendo deforestados irresponsablemente, debido a la ampliación de las fronteras agrícolas para el monocultivo. Ponen en riesgo la diversidad genética de las semillas nativas, la biodiversidad y la producción agro-ecológica diversificada familiar campesino-indígena, que es el verdadero potencial que tiene Bolivia para el mundo: una producción de alimentos sanos, naturales, orgánicos y de alta calidad.

…inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), no podemos dejar de denunciar los daños y efectos de la industria de la biotecnología sobre la dignidad, salud y vida de las personas y pueblos.

La introducción de semillas transgénicas patentadas a suelo boliviano, está inevitablemente unida a la incorporación de agroquímicos y, consecuentemente, al impacto de los ecosistemas por la deforestación y efectos en todas las especies. Esta lógica relacional, holística y sus efectos nefastos para la vida de las personas y el medio ambiente, es materia de preocupación y de un acercamiento ético y desde la fe, por parte de la Iglesia, que ampliamente fue plasmado por el Papa Francisco en la Encíclica “Laudato si”. En este sentido, inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), no podemos dejar de denunciar los daños y efectos de la industria de la biotecnología sobre la dignidad, salud y vida de las personas y pueblos.

Denunciamos el acaparamiento y concentración de las tierras productivas en manos de unos pocos (cf. LS 134) y, consecuentemente, la migración forzada de nuestros hermanos productores locales hacia las ciudades, para acrecentar los cordones de pobreza o, quedarse y convertirse sólo en peones de los modernos terratenientes agroindustriales. Condenamos la monopolización de las semillas, el control de la vida y la red alimentaria por parte de empresas transnacionales. Denunciamos un modelo de producción de devastación de tierras, bosques, agua y biodiversidad. Condenamos las políticas agrarias que los gobiernos de turno han asumido, sin garantizar la permanencia de nuestros hermanos campesinos e indígenas en sus tierras, sin garantizar la legítima propiedad de sus territorios y el apoyo en la producción y comercialización que garanticen la seguridad alimentaria de las familias y la comunidad.

La Iglesia pone por encima de los intereses económicos de los involucrados en la gran empresa del agronegocio, el bienestar y salvaguarda de la persona, de las comunidades, de los pueblos en su vida integral y de la creación toda. Como Iglesia tenemos la misión de velar el bienestar de la persona que, en virtud de su dignidad y derechos, debe tener acceso al uso de los bienes, a través de la justicia social, la solidaridad, la subsidiaridad, la participación basada en el imperativo del “bien común” y profundamente fundada en su dignidad, por ser creada a imagen y semejanza de Dios y redimida por la Pascua de Jesucristo. Desde estos principios cristianos y plenamente humanos, la técnica, la tecnología y la biotecnología en concreto, deberían estar orientadas al servicio de la vida, al servicio de la persona, al bien común de la humanidad y a la salvaguarda de la creación. De lo contrario se convierten en un problema para el desarrollo verdadero e integral de la humanidad; se convierten en instrumentos al servicio de un falso progreso y del capital que se queda en los bolsillos de unos pocos. En este sentido, necesitan estar acompañadas por una ética sólida y una espiritualidad que orienten sus procedimientos y fines últimos.

En décadas anteriores, se ha pregonado que el desarrollo de la biotecnología y su acceso a todos los países, acabaría con el hambre en el mundo y se superaría la brecha entre pobres y ricos en los países del Tercer Mundo. Hoy se pregona: “productividad, exportaciones y mayores ganancias” como respuesta para la seguridad alimentaria, bajo el eslogan: “exportar o morir”. Pero la experiencia en países de África, en San Francisco, México, Argentina y otros cientos más en el mundo, es que la supuesta revolución verde transgénica, no ha alcanzado los resultados esperados; más al contrario, se ha convertido en un peligro para la biodiversidad y la vida de los seres humanos. Las denuncias y juicios ganados por los graves daños en la salud, el aumento de personas con cáncer, los problemas respiratorios, los abortos espontáneos en las trabajadoras del campo y las deformaciones congénitas en niños nacidos en los “países fumigados”, son muestras de las posibles consecuencias de haber aprobado el Decreto 4232, y otros decretos y leyes que coadyuvan a un modelo de producción, que maquillan falsas soluciones para el bienestar en nuestro pueblo.

Preguntémonos: ¿por qué los gobiernos de turno venden la dignidad y vida de su pueblo, aceptando las condiciones y las políticas económicas, de salud, de producción…de países y organizaciones foráneas? ¿Quiénes, realmente, ganan con la incorporación de semillas transgénicas, con la ampliación de las fronteras agrícolas y la exportación? ¿El beneficio es real y ayuda a la sostenibilidad de nuestros pueblos, o solo beneficia a los intereses económicos de las empresas que manejan estos conocimientos y tecnologías? ¿La producción transgénica es la solución para superar la inseguridad alimentaria y la injusticia social en nuestro país?

…trabajemos juntos por la vida y el bien común de todos, a partir de los ideales y principios de la fe que profesan públicamente…

La Pastoral Social Cáritas, desde su fe comprometida en el cuidado de las poblaciones más vulnerables, pide a las autoridades correspondientes, que quieren “hacer una gestión teniendo presente los principios de la Iglesia”, anteponer la vida, la dignidad, la salud y bienestar de las personas, comunidades y pueblos indígenas de nuestra Nación, a los intereses privados de quienes firman y condicionan a firmar leyes engañosas que atentan contra nuestra vida, contra la vida de los que aún no han nacido, contra nuestro medio ambiente y nuestra casa común. En ese entendido, les pedimos que trabajemos juntos por la vida y el bien común de todos, a partir de los ideales y principios de la fe que profesan públicamente, lo que implica atender las exigencias de cientos de organizaciones e instituciones, respecto a la incorporación de transgénicos a nuestro país, que ahora paso a sintetizar:

• Abrogación del Decreto Supremo 3874, del 17 de abril de 2019, que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento (tipo) HB4 y Soya Intacta.

• Abrogación del Decreto Supremo 3973 y la Ley 741, que permiten chaqueos y desmontes, con el fin de ampliar la frontera agrícola.

• Fomento y apoyo a la Agricultura Familiar Campesino-Indígena, que es la base para la generación de otras formas y modos de agricultura, como es: la Agricultura Sostenible, la Agricultura de base agroecológica, la Agricultura Urbana y Periurbana.

• Apoyo a la Agricultura Ecológica, Orgánica, Biológica, Agricultura de Conservación, Agricultura Regenerativa, Sistemas Agroforestales y otros Sistemas Agroalimentarios Sostenibles, como la mejor opción para la soberanía y seguridad alimentaria.

• Reconocimiento del rol histórico que campesinos e indígenas han proporcionado para la garantía de la seguridad alimentaria, custodia de una extensa biodiversidad. Y ha demostrado en la actual coyuntura ser la base, además, de la alimentación y de la salud.

(Jhonny Montero Irala es Director de Pastoral Social Cáritas / PASCAR-Sucre)

[Imagen: Correo del Sur]