Roger Cortéz Hurtado: La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas – CONTIOCAP
Hace 41 días que el incendio forestal en la Chiquitania ha salido de control y hasta el momento ha devorado más de 2 millones de has (desde el 25 de Julio hasta el 03 de septiembre de 2019), extinguiendo un bosque chiquitano único en el mundo y parte de la Amazonia.
La población local y nacional ve con impotencia, cómo el gobierno en vez de poner todo su empeño para apagar el incendio y pedir ayuda internacional, hasta el momento se ha resistido a declarar desastre nacional, y se ha dedicado a desplegar un gran y costoso aparato propagandístico político en torno a este desastre en todos los medios de comunicación, mientras el fuego continúa con su destrucción.
(el lazo del documento original y el acceso para firmar se encuentran abajo, al final del pronunciamiento)
Los pueblos indígenas y el pueblo boliviano en general, vemos con dolor cómo nuestras fuentes de vida se consumen y nuestro hábitat desaparece. Pero también nos damos cuenta que el gobierno nos somete a esta violencia, porque los incendios son parte de una política agraria del gobierno cuyos objetivos son la producción de biocombustible que ya ha sido acordada con los grandes agroindustriales del oriente boliviano a fines del 2018. Políticas que se consuman con la Ley 741 de ampliación de deforestación y el DS 3973 que autoriza la quema de bosques; para la exportación de carne a la China, y para la introducción de bosques artificiales de eucalipto. Para esto el gobierno se ha propuesto deforestar 1 millón de has cada año, otorgar grandes extensiones a los grandes empresarios del agronegocio, propiciar el asentamiento de nuevas comunidades en tierras tradicionalmente habitadas por comunidades originarias, donde se han constituido en las principales zonas donde se han iniciado los focos de incendio.
Estas políticas del gobierno implican una persecución a los pueblos indígenas, cometiendo además omisión e incumplimiento de su deber de proteger a los pueblos indígenas y bosques. Por el contrario, ha escuchado a su sector aliado del agronegocio, que refiriéndose a las demandas de anulación del decreto 3973 que permite las quemas, le han recomendado no “matar la gallina de los huevos de oro”, en una clara evidencia de complicidad con el gobierno para mantener incendiándose el bosque, sin importarles siquiera la vida misma de sus pueblos, con tal de concretar los intereses económicos del capitalismo.
Por tanto, nos vemos obligados a recurrir a pedir ayuda a los organismos internacionales para que nos ayuden a salvar el bosque chiquitano único en el mundo, pero también sepan que los pueblos indígenas estamos siendo sometidos a toda clase de violencia para despojarnos de nuestros territorios donde tenemos nuestras fuentes de vida digna.
Por lo que pedimos:
1. Declaración de Desastre Nacional a fin de que la ayuda internacional de Estado a Estado y otra de carácter civil pueda llegar al país a fin de apagar los incendios cuanto antes con el debido equipo de aviones y helicópteros bomberos, maquinaria pesada y personal especializado;
2. Declaración de pausa ambiental por toda la destrucción a causa del extractivismo y particularmente para la recuperación natural del bosque comprendiendo esto la realización de auditorías ambientales de los incendios y el trabajo científico que corresponda, y tomando en cuenta los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas de la región;
3. Rechazamos los planes de reforestación del gobierno que de acuerdo a su política forestal conocida previamente consistiría en la siembra de eucaliptos para la producción de pasta para papel;
4. Inmovilización del área con la paralización de todos los tramites agrarios en curso que comprometen tierras fiscales y la auditoria de los asentamientos y dotaciones autorizados por el INRA que deberá realizarse con participación de representantes de la sociedad civil;
5. Publicación por parte del INRA de su registro de tenencia de tierras y propietarios a nivel nacional;
6. Abrogación de la ley 741 y del Decreto Supremo 3973 de autorización de quemas;
7. Anulación de la política de producción de agrocombustibles
8. Atención de las necesidades reales de cada municipio, la población, sus comunidades locales afectadas que deberá ser canalizada con la fiscalización de representantes de los afectados y consensuada previamente con estos. Y que el plan de restauración se haga de forma responsable con los diferentes niveles de representación y autoridades ya mencionadas.
9. Exigimos garantías frente a las amenazas incrementadas recientemente por parte de personas y sectores afines al gobierno y al agroempresariado.
La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas – CONTIOCAP, que se ampara en el bloque constitucional de derechos internacionales y Jurisprudencia Internacional, como La Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas Sobre Los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, es la unidad de los pueblos indígenas y campesinas; quienes ante la destrucción sistemática de nuestros territorios donde tenemos nuestras fuentes de vida digna, y ante la violación de todos nuestros derechos; defendemos nuestros territorios de la violencia con la cual el extractivismo nos va despojando de la vida misma.
Bolivia, 03 de septiembre 2019
“Luchar por el TERRITORIO es luchar por la VIDA¨
Los abajo firmantes manifestamos nuestro apoyo a este pronunciamiento:
(el lazo del documento original y el acceso para firmar es el siguiente: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe89OuLdGjfu1pvlg…/viewform